La ley de Podemos obligará a Iglesias y Montero a dedicar el 30% de sus viviendas a alquiler social

La propuesta de Ley de Vivienda de Podemos obligará a Pablo Iglesias y a Irene Montero a dedicar el 30% de sus viviendas al alquiler social. Cuando se completen las correspondientes herencias de ambos dirigentes morados, ambos hijos únicos, tendrán 12 inmuebles, de los cuales 8 son viviendas. Por tanto, si se aprueba la normativa que está promoviendo el partido, entre dos y tres casas del vicepresidente y la ministra tendrán que ser destinadas a arrendamientos baratos para familias vulnerables.

Tal como ha publicado el diario Cinco Días y han confirmado las agencias de noticias, Podemos ha planteado al PSOE que sean considerados «grandes propietarios» a aquellos que dispongan de cinco viviendas o más. Hasta ahora tenían esta consideración los que contaban con diez o más inmuebles.

Entre compras y herencias, Pablo Iglesias tendrá seis casas: la mansión de Galapagar, un piso en el centro de Madrid, un dúplex en el casco antiguo de Zamora, una VPO, un piso en urbanización con piscina en Vallecas y  la cabaña que se compró en Casavieja, en Ávila. Por su parte, Irene Montero, además del casoplón, posee un piso en San Blas y una casa de planta baja en Ávila. En total, ocho viviendas a lo que hay que sumar otras cuatro propiedades (un local comercial, un almacén, un solar y una finca rústica).

Desde la Vicepresidencia de Pablo Iglesias se ha formulado, en el marco de la negociación de la Ley de Vivienda que impulsa el ministro socialista José Luis Ábalos, la petición de rebajar el listón para considerar a una unidad familiar «gran propietario». De esta forma, dan un paso más en su persecución a los ricos.

La secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, adscrita al equipo de Iglesias, avanzó en el Congreso que estos grandes tenedores deberán dedicar el 30% de sus viviendas al alquiler social. Esto supondría que una persona con cinco pisos tuviese que dedicar al menos uno al arrendamiento social. Iglesias y Montero, que sumarán ocho viviendas, deberán dedicar exactamente 2,4 a familias en riesgo de pobreza.

Por otra parte, Podemos pide ampliar sine die la declaración de suspender los desahucios de alquiler de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Quieren incluir esta medida en la nueva Ley y recoger que se proteja a estos okupas que vivan sin contrato en viviendas vacías de «grandes propietarios». Sin embargo, la ministra de Hacienda y portavoz del Consejo de Ministros, María Jesús Montero (PSOE), ya fijó posición: el equipo de Pedro Sánchez no está por la labor de cumplir esta pretensión morada. En una comparecencia ante los periodistas en el Palacio de La Moncloa, aclaró que cuando se aprobó esa medida ya se acordó su carácter temporal.

El Ejecutivo considera hasta ahora grandes tenedores a aquella persona física o jurídica dueña de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Ahora Podemos quiere rebajarlo a quienes tengan cinco inmuebles.

Este lunes en rueda de prensa, la coportavoz de Podemos Isa Serra ha remarcado en la necesidad de aprobar una nueva ley que consiga que «toda la vivienda vacía, que es muchísima en este país, se ponga al servicio de una necesidad, que es bajar los precios del alquiler». Así, ha afeado que «la mayoría» de las viviendas vacías están en manos de los grandes propietarios.

PSOE y Podemos acordaron en su pacto de Gobierno consensuar una Ley estatal de Vivienda, pero desde el equipo de Pablo Iglesias se ha acusado a sus socios de «falta de voluntad política» y el propio vicepresidente segundo ha llegado a desvelar que existen «discrepancias profundas» en este tema. Por tanto, han querido marcar perfil propio y llevar a los medios de comunicación sus posturas contrapuestas.

«Por parte del Ministerio de Transporte se nos ha trasladado la voluntad de que hasta pasadas las elecciones no se avance. No estamos de acuerdo, pedimos que se avance de forma urgente», ha denunciado Isa Serra desde la nueva sede del partido. Además, ha deslizado que este intento de posponer la negociación «puede tener que ver con las elecciones catalanas».

Además de plantear al Ministerio de Transportes -con las competencias en materia de Vivienda- que se dedique una parte de las casas al alquiler social, Unidas Podemos también solicita poner en marcha medidas «efectivas» que «movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler» y que la legislación de los topes del alquiler no incluya desgravaciones fiscales para los grandes tenedores. Una categoría que, como se ha expuesto en este artículo, incluye a los más altos cargos de la formación morada.